Estado y Sociedad (y IV)

          Para que el peso del Estado no sea opresivo, es preciso que la dosis de entre­ga o renuncia exigida al ciudadano no aho­gue su capacidad cre­adora ni su libre ini­ciativa. Pues son estas dos cualidades no sólo motor del progreso y vitalización de la sociedad, sino la misma esencia de la liber­tad individual, que tiene su mayor posibili­dad de realización cuanto más variadas son las opciones que al hombre se le ofrecen.

          Se trata pues de corregir la tendencia al crecimiento desmesurado del Estado y su excesivo intervencionismo en detrimento de la libertad, y a la vez potenciar el espontá­neo desenvolvimiento de la sociedad. Lo que exige una serie de medidas equilibradoras, como las siguientes:

          1.-El respeto a instituciones neutras. En los Estados, por muy democrática que sea su organización, el poder político puede ser tan abrumador que, si no existen institucio­nes no mediatizadas que lo neutralicen, se corre el riesgo de desviaciones, abusos, injusticias e intranquilidad social.

          Se impone en este campo el máximo respe­to. Con carácter general hay que mimar y cuidar todas las instituciones neutras, que son vitales para el equilibrio social. Desde la Universidad y demás centros de enseñanza hasta las fuerzas de seguridad, pasando por las que tienen como misión el control de legalidad, como la función notarial y judi­cial. Todas ellas resultan malparadas cuan­do los criterios que deben presidir su funcio­namiento, esencialmente técnicos de efica­cia y rendimiento, se sustituyen por pautas políticas, de conveniencia y mediatización.

          Si se pretende modernizar estas institucio­nes no puede hacerse echándolas a pelear con otras, sino mediante un estudio riguroso de la calidad y eficacia del servicio que pres­tan, y, desde luego, partiendo del respeto y consideración a la función que realizan, pues su perfeccionamiento presupone la necesidad de su existencia, constatada socialmente. Por eso cuando por parte del Estado se pone en entredicho, se cuestiona o se infravalora la institución misma, so pre­texto de que sus miembros carecen del refrendo legitimador del voto popular, apar­te (le que se está desenfocando el problema, pues los criterios de selección han de ser los adecuados a la labor que les está encomen­dada, se está minando su autoridad y su fuerza controladora.

          Así, difícilmente se podrá mejorar el fun­cionamiento de los tribunales de Justicia, si se empieza por criticar su actuación general, provocando su descrédito, o se ataca su inde­pendencia ya sea desde su fundamento, negando la virtualidad de la separación de poderes, ya sea interfiriendo y politizando el nombramiento de sus miembros. En lugar de facilitar y estimular la mejor preparación de los jueces y dotarles de los medios econó­micos y jurídicos adecuados para conseguir la pretendida mejora.

           Si se trata cíe perfeccionar la fe pública, no se obtendrá resultado positivo alguno si se mina su esencia, que es la consecución de seguridad preventiva, rebajando el nivel de preparación de los que la ejercen o los resor­tes que la garantizan, que son el rigor y el control de legalidad de los actos en los que intervienen.

          Y lo mismo sucederá con la Universidad cuandose sustituye el norte del rigor cientí­fico por formas de organización que se alejan de los verdaderos fines de la misma en aras de una pretendida democratización o progre­sismo. 0 cuando los criterio de jerarquía, disciplina y orden, que constituyen la base de las fuerzas de seguridad, se permutan por lealtades partidarias y controles ideológicos.

          En un Estado democrático consolidado ninguna de aquellas instituciones, y menos las que ejercen labor de control de legalidad, puede estar en continua dependencia de vai­venes políticos y bajo sospecha. Su buen fun­cionamiento requiere tranquilidad, confian­za en los que la ejercen y reconocimiento social de la utilidad de su función.

          2.-La descongestión de instituciones públicas cuya finalidad y sistema de funcio­namiento sean compatibles con la realiza­ción privada. Así, las actividades de enseñanza, sanidad, correos, transportes, seguridad, etc., pueden enriquecerse con el complemento de la organización privada. Que aportará sus esquemas de economía y eficacia, así como la emulación e incentiva­ción convenientes para evitar o mitigar la esclerosis y paralización a que conduce la aplicación de criterios funcionaristas, y tam­bién la hipertrofia causada por la concentra­ción monopolística del Estado.

          3.-El respeto a la autonomía e indepen­dencia de las demás instituciones que la sociedad crea y brinda de modo espontáneo, evitando la intromisión en su gobierno y la mediatización o subordinación, ya haciéndo­las cautivas a través de subvenciones «con­dicionadas», ya desmereciendo o minimi­zando su influencia para que no puedan hacer sombra en ningún momento al poder político. Con lo que se pierde el vigor y la savia que podrían aportar a la vida nacional liberadas de tales condicionamientos, a la vez que se debilita su función de contrapeso útil frente al protagonismo excesivo de los políticos profesionales.

          Habrá, pues, que oír, atender y valorar su parecer antes de tomar decisiones desde la frialdad y la distancia de un despacho oficial.

          4.-Reducción de las cargas fiscales. Cuando la presión fiscal impide al ciudadano obtener y organizar sus beneficios en la medida necesaria para ilusionarle y^-estimu­lar su capacidad creativa, se convierte en un freno para la economía, fuente de malestar y causa de paralización social. Y no cabe, en una sociedad avanzada, acudir al funda­mento de la finalidad redistributiva, ya que el exceso impositivo aparece cuando el Estado, de manera desorbitada, asume fun­ciones en campos para los cuales su organi­zación es inadecuada. Cuando con preten­sión ambiciosa de dominar la sociedad se erige en administra­dor de los bienes de los ciudadanos y au­menta el gasto por en­cima de las posibilida­des reales del país, al margen del rigor y la austeridad.

          Como consecuencia, se ha llegado a esta­blecer, en ejercicio de una increíble obsesión recaudatoria, el aumento constante de impuestos, la injusticia de la doble y múlti­ple imposición (renta, patrimonio, sobre bie­nes inmuebles, «plusvalía municipal»), la ficción de renta donde no la hay (presunción de intereses en los préstamos, rendimiento de la vivienda propia, etc.), e incluso la reite­ración en inconstitucionalidad declarada (computando como renta íntegra de un cón­yuge lo que es sólo la mitad ganancial). Es como si al individuo se le impusiera la obli­gación de trabajar a cambio de algunos ser­vicios imprescindibles, pero de otros mal gestionados, y de una suplantación de su propia iniciativa por la más pretenciosa y se supone que más científica del Estado.

          Se impone pues una reducción de los impuestos que no sea meramente simbólica, sino hasta donde lo permita la necesidad de cubrir las atenciones que una sociedad avan­zada demanda, con el objeto de devolver al ciudadano mayor iniciativa e ilusión. Un sis­tema fiscal proporcional y duradero, que sirva de referencia segura a medio plazo y genere en el individuo sensación de justicia, y la tranquilidad de que no se le sorpren­derá con cambios onerosos a medio camino de su actividad planificada, pues una fiscali­dad cambiante y movediza provoca el desá­nimo y la paralización. Es preciso superar el ya arcaico dogma marxista, y que en España persiste como prejuicio difícil de erradicar, de la maldad de las plusvalías, pues la actual organización estatal posee los medios idóne­os para evitar que se traduzcan en opresión y causa de desvalimiento social.

          5.-Promoción de valores de paz, solidari­dad, trabajo bien hecho y responsabilidad como pautas para la realización personal. Utilizando todos los medios que el Estado tiene a su alcance, desde la enseñanza hasta la televisión, para que tales criterios éticos sean el referente de las nuevas generacio­nes, y se pueda salir de este pequeño letargo histórico en el que se ha caído.

          Habrá que valorar y mimar la creatividad, el trabajo y la iniciativa, ya sea ésta empre­sarial, que tan denostada ha estado en los Últimos años, de manera no sólo injusta sino claramente perjudicial para la economía del país, y que se impone rehabilitar, ya sea científica o cultural en el sentido más amplio, pero también auténtico y riguroso. Por eso, desde los medios públicos se tendrá que impulsar un nuevo estilo, que sin arrin­conar lo que podría denominarse «cultura de la diversión» la reduzca a sus justos límites, y potencie la ética, la inteligencia y el arte.

          6.-Además, habrá que eliminar la burocra­cia innecesaria, y los escollos administrati­vos paralizantes, que no son más que rémo­ras a la libertad y al buen funcionamiento social.

          Se trata, en fin, de poner el Estado en su sitio, y de que la sociedad sea más rica, espontánea y libre, de modo que el poder político constituya uri mecanismo más, al mismo nivel y al servicio del individuo, como deben estar todas las demás institucio­nes que componen el entramado social de un país.

26 de Julio de 1996

Victorio Magariños Blanco

ABC Pág. 34